Jueces, fiscales, abogados y funcionarios, comparten la opinión de que la digitalización de los procesos judiciales iniciada por el Gobierno al final de la pasada legislatura está fracasando, a pesar de ser un objetivo irrenunciable. En los dos primeros meses del año, el sistema ha permitido el ahorro de más de 72 millones de euros en las presentaciones de escritos entre los distintos operadores jurídicos, al tiempo que las comunicaciones han aumentado casi un 20% más que el mismo período del pasado año, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
La mayor parte de los operadores jurídicos son conscientes de que el objetivo es loable, pero cuestionan los pasos dados para ponerlo en marcha. Portavoces de las principales asociaciones profesionales de jueces (desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura a la progresista Jueces por la Democracia, pasando por Francisco de Vitoria) han expresado su opinión de que la medida, con perseguir un objetivo loable, está siendo un fracaso.
Con su opinión coinciden los fiscales (tal y como lo ha expresado recientemente el Consejo Fiscal y ha declarado un portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales) y los funcionarios (representados, por ejemplo, por CSIF, CCOO y UGT). Y también los abogados, representados por el Consejo General de la Abogacía.
"Para comprender cómo se está intentando digitalizar nuestra justicia no hay más que ver cómo todos los agentes están de acuerdo en que está siendo un auténtico caos", señala Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. "Precipitación, deficiencias, falta de planificación y medios técnicos" son las calificaciones que emplea este portavoz.
