La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, que debe depurar las responsabilidades políticas de las irregularidades cometidas en la tramitación de expedientes de regulación de empleo, ha empezado con mal pie.
Los primeros comparecientes, el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta Antonio Diz-Lois, y el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet se acogieron ayer a su derecho a no declarar por considerar que ello podría vulnerar su derecho a la defensa. Ninguno de ellos ha comparecido todavía ante la jueza que lleva el caso, Mercedes Alaya. Este mutismo provocó la indignación del PP, que acusó a los socialistas de haber "orquestado la función" y de "obstruir" el conocimiento de la verdad.
Los tres comparecientes se limitaron a leer una declaración y a escuchar las preguntas de los portavoces de PP e IU. El PSOE, por contra, decidió no formular ninguna cuestión "por respeto" al derecho constitucional de negarse a responder y envió al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), el interrogatorio para que lo remitiese a los imputados. Díaz Alcaraz, Diz-Lois y Mellet también coincidieron en la defensa de su inocencia y en denunciar que se sienten indefensos y coaccionados.
El exparlamentario socialista fue el encargado de abrir la comisión. "Tengo la conciencia tranquila", aseguró sobre su actuación como asesor de la Consejería de Empleo. Asimismo, negó haber conocido ninguna "actuación ilegal, ni siquiera irregular". En el momento de escuchar las preguntas de los grupos, Díaz Alcaraz protagonizó un enfrentamiento con el presidente de la comisión por su intención de ausentarse de la sala mientras se leían las cuestiones. García llegó a advertirle de que si lo hacía incurriría en un delito de desobediencia.
