El abogado de los Arrieta reclama 710.000 euros de indemnización: "Tengan un gesto con una familia desamparada"

Y en la tercera semana abrió sus puertas el tribunal. No fue un arrebato de transparencia sino la pura supervivencia contra la criminal complicidad de la canícula tropical y el corte eléctrico. El magistrado ordenó la apertura de puertas y ventanas porque los ventiladores alimentados por un generador no descartaban las lipotimias. Los periodistas, en todo caso, siguieron alejados del edificio del que salió sudoroso el fiscal antes de que terminara la sesión matinal. La árida climatología ha empujado el esperado debut del acusado, Daniel Sancho, hasta mañana.

La jornada agigantó aún más el rol de Juan Gonzalo Ospina, representante de la familia de la víctima, con una pirueta asombrosa. Contrató a un equipo de abogados tailandeses que después solicitó su comparecencia en el estrado. Así que Ospina, parte y testigo, ha trasladado al tribunal durante más de dos horas la tragedia humana y económica de la familia de Arrieta. La parte civil, que fijará la indemnización, no es menos relevante que la penal. Sus abogados han solicitado a Rodolfo Sancho el equivalente a 710.000 euros aunque la familia se conformaría con la mitad.

Padres y hermana dependientes

Así que al tribunal acudió Ospina con el arsenal documental que el vacío: declaraciones de renta, certificados de estudios, los asientos de ingresos de sus clínicas en Colombia y Chile, cálculos del lucro cesante que incluyen su última edad y la esperanza de vida colombiana… “Con su fallecimiento se ha afectado gravemente la forma de vida de su hermana y empleada Darling Arrieta, así como de sus padres, dependientes económicamente suyos, Leovaldo y Ana Marcela, situación empeorada al tener que abonar los gastos judiciales de la presente causa y los derivados del propio asesinato, como repatriación del cuerpo o entierro”, reza el documento.

La premeditación y la causa de la muerte de Arrieta, los ejes que han marcado el juicio a Daniel Sancho

Edwin Arrieta, un cirujano de razonable éxito, sostenía a una familia que ahora, según el cuadro dibujado, linda con la mendicidad. Sus ancianos padres han quedado “desamparados”, ha dicho Ospina. El progenitor ha retomado su negocio de reparación de pequeños electrodomésticos a pesar de sus severas carencias visuales. La hermana renunció años atrás a su puesto fijo de administrativa por un empleo en la clínica de Edwin que ahora ha cerrado.

Laberinto judicial

“Pagaba las facturas, pagaba sus medicamentos… y ahora no tienen nada”, ha concretado Ospina a la prensa tras su declaración judicial. También ha dirigido una súplica a los Sancho: “Si realmente sienten el dolor que dicen y disponen de capacidad económica, es necesario que hagan algún gesto hacia una familia que ha quedado en la mayor precariedad”. A esa buena fe apela Ospina porque la vía judicial es tan pedregosa como procelosa. Exige que los tribunales españoles reconozcan la sentencia tailandesa, averigüen si hay bienes embargables y los ataquen: un horizonte demasiado lejano para unos padres septuagenarios.

El dinero siempre ha sobrevolado el asesinato de Edwin Arrieta. De su generosidad con Sancho no hay dudas y al proceso corresponde cuantificarla. Su volumen, como tantas otras cuestiones en este juicio a puerta cerrada, es aún un misterio: le había dejado una tarjeta con fondos para gastos personales, pretendía abrirle un restaurante, le prestó cientos de miles de euros… Ese préstamo impagado está detrás del homicidio, opina la familia de Arrieta. Esta, de profundas creencias católicas, no contempla el crimen pasional y duda de la relación homosexual del cirujano con el presunto chef.