¿Cuánto costará a los parcelistas de Córdoba lograr los servicios básicos?

La Guía práctica sobre parcelaciones presentada este jueves por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, permite hacerse una idea del coste de la dotación de los servicios básicos a las parcelaciones en Córdoba. Cada urbanización tiene unas circunstancias peculiares y las cuentas no serán las mismas para todas, pero hay una serie de gastos comunes entre honorarios de los profesionales contratados, tasas urbanísticas, la cesión de los terrenos al Ayuntamiento y las obras necesarias, que elevan la factura.

Para hacerse una idea de lo que cuesta llegar al final de este largo proceso está la experiencia de Cuevas de Altázar, una parcelación que deriva del PGOU de 1986 y que en el de 2001 ya venía recogida como suelo urbano. A finales del año pasado medio millar de familias -2.000 personas- recibían la documentación de la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad, paso que las legaliza. El proceso de legalización les ha supuesto el pago de 1,6 millones de euros en derramas y de otro millón de euros por el aprovechamiento del suelo, el decir, por el 10% que han abonado al Ayuntamiento al estar todo edificado. Todo ello, sin contar con el coste de las obras de urbanización ejecutadas y pendientes de ejecutar. 

Los propietarios de Cuevas de Altázar han gastado hasta ahora una media de 8 euros por metro cuadrado de parcela en el proceso, y todavía tendrán que desembolsar unos 5 euros más por metro para ejecutar las actuaciones pendientes.

En la elaboración de los planes de sectorización, parcial y especial hay que pagar honorarios y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (0,164 euros por palabra). Además, el plan especial requiere del abono de la tasa por actuaciones urbanísticas (ordenanza 109). El importe de esta tasa resulta de multiplicar el número de metros cuadrados de superficie de suelo por 0,030 y el de metros cuadrado techo por 0,030, y sumar después las cantidades resultantes (con 1.000 euros como gasto mínimo).

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Juntas de compensación

En caso de constituirse una junta de compensación, además de honorarios profesionales, publicaciones en el BOP (varias), hay que pagar escrituras y depositar una garantía del 7%. Urbanismo ha propuesto que en la Ley Lista o en su Reglamento se elimine este aval.

Para crear la entidad de adecuación ambiental también hay que pagar honorarios, escrituras y publicaciones en el BOP. Lo mismo ocurre con el proyecto de reparcelación, en el que, además, hay que abonar la tasa 109, el certificado de firmeza administrativa (otra vez la tasa 109) y el 10% del aprovechamiento del suelo, escrituras e inscripción en el Registro.

Honorarios, escrituras, pago de publicación en el BOP, inscripción en el Registro son nuevamente pasos y gastos que se repiten en el proyecto de distribución de cargas.

Proyecto de urbanización

En cuanto al proyecto de urbanización, además de BOP, requiere dos avales, uno del 7% de las obras y otro del 2% para el control de calidad. A esto se suma el coste del proyecto en sí, que conlleva el pago de honorarios, la tasa por licencias urbanísticas (110), que es de 0,88 euros por metro cuadrado; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que implica un desembolso de 66,72 euros por metro cuadrado; y las obras propiamente dichas. En este sentido, hay que aplicar de nuevo la tasa de actuaciones urbanísticas (109), que será del 4% del presupuesto si es de menos de 60.101 euros; del 3% si va de 60.102 a 300.506; del 2,5% si está entre 300.507 y 601.012; del 2%, si es de 601.013 a 3.005.006; y del 1,5% si es de más de 3.005.060.

Por último, la licencia de obras o de legalización también requiere dinero para pagar honorarios, la tasa (110), que es de entre 5,35 y 6,98 euros por metro cuadrado; y nuevamente el ICIO (entre 400 y 520 euros por metro cuadrado).

En caso de optar por el AFO, además de los honorarios profesionales, implica un gasto del 1,5% del presupuesto de ejecución material por la tasa de expedición y tramitación de documentos y expedientes administrativos municipales (ordenanza 100).

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