Los administradores de fincas y el sector inmobiliario reclaman "seguridad jurídica" ante las nuevas medidas en vivienda

El Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha puesto sobre la mesa nuevas medidas para la regulación de los alquileres por temporada y la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos turísticos en sus bloques. Ante ello, las distintas asociaciones del sector han mostrado una valoración que pone de relieve el impacto de estas normas que supondrían una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Propiedad Horizontal, todos los colectivos remarcan el respaldo de la "seguridad jurídica" tanto para los vecinos como para los propietarios de viviendas.

El Gobierno presentará una norma para evitar la picaresca con los alquileres de temporada

Este miércoles, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció estas medidas entre las que está el control a los alquileres de temporada, aquellos que duran menos de un año, y donde se encuentra gran parte de la oferta de pisos de alquiler en la actualidad. De esta forma, estos alojamientos deberán justificar su temporalidad y pasarán a registrarse en un futuro registro, aun por diseñar. Una medida que Ana Moreno, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, define como "otro parche", puesto que, a su juicio, "el problema viene a ser que la oferta y la demanda no está cuadrada, además existe mucha inseguridad en los propietarios de viviendas quienes al final las están retirando del mercado para el alquiler. Cada vez que se hace una regulación, cuanto más restrictiva sea, más vivienda se quita del mercado. Por su puesto los posibles arrendatarios también son perjudicados porque no van a encontrar vivienda".

Moreno explica que en ciudades como Córdoba es más común buscar un alquiler habitual, estos son aquellos de más de un año, no obstante, según la presidenta, ante la "inseguridad jurídica para el propietario" ha habido un incremento en los contratos de temporada, "al no favorecer al propietario, únicamente al arrendatario, se ha dado el efecto inverso".

Este argumento también es sostenido por el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, quien afirma que "estamos teniendo un problema de impagos en viviendas en los de larga duración porque la nueva ley establece que la vulnerabilidad del inquilino están sujetos a unos derechos que los propietarios no están dispuestos asumir, por lo que el problema que estamos teniendo es que los propietarios no quieren poner su vivienda en ese régimen habitual". Por lo que, Vaquero reclama "seguridad jurídica" para los propietarios y afirma que las nuevas medidas "que sean para aliviar y poder intentar facilitar el arrendamiento es magnífico", sin embargo, las acciones anunciadas por el Ejecutivo Central "lo que están haciendo es bloqueando cada vez más la situación, esto generará más controversias".

Los vecinos aprobarán los pisos turísticos

Por otro lado, la responsable de la cartera de Vivienda, también habló de una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal que "ajuste y clarifique" los términos en los que las comunidades de vecinos podrán impedir el uso de pisos turísticos en viviendas de su bloque. Ante ello, la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, Mercedes Romero, indica que "si lo que nos presenta el Ministerio es una seguridad jurídica para acabar con el debate entre limitación y prohibición en las facultades que tienen las comunidades de propietarios, a nosotros nos viene bien". En cuanto A los problemas más comunes detectados en los vecindarios con viviendas de uso turístico, Romero señala los relacionados con la seguridad.

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En la actualidad, las comunidades de vecinos que así lo decidan ya pueden impedir el uso de un apartamento turístico, "si hay unanimidad formaría parte del estatuto de la comunidad, se inscriben en el registro de la propiedad y es un acuerdo unánime que le obligará a terceros, en caso de compra de vivienda por un propietario nuevo, a respetar que en ese edificio está prohibida dicha actividad". Para finalizar, la presidenta de los administradores de fincas señaló que estos profesionales "partimos de la base que las viviendas de uso turístico que se destinan a esta actividad, tienen que estar totalmente legalizadas y dentro del control de la administración".

"Ya era hora"

Las asociaciones vecinales han acogido estas nuevas medidas de forma favorable, especialmente aquellos que conviven de cerca con la realidad de los pisos turísticos, como son los vecinos del Casco Histórico, "estamos muy de acuerdo en que sean los vecinos los que deciden, porque tener vivienda turística descontrolada como se está teniendo, lo que provoca es tensión entre vecinos y turistas, además, se agrava la suciedad, los problemas de ruido y luego el problema de que mucha gente quiere venirse a vivir aquí y no puede, no encuentran nada, o lo que queda los precios están desorbitados", ha indicado la presidenta de la Asociación La Medina, Lourdes Martínez.

"Ya era hora de que las administraciones tomen esto en serio", ha admitido Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), quien también lamenta "el retraso" de estos anuncios. De Gracia también ha recordado que los pisos turísticos no afectan solo al Casco Histórico, "se está extendiendo a Distrito Sur, Levante Norte, Poniente Sur, la realidad es que ya está afectando a toda la ciudad". Además, el presidente del CMC ha recordado la proliferación de bajos que se están convirtiendo en apartamentos turísticos en zonas como Valdeolleros o Campo de la Verdad.

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