Condenan a dos años de cárcel al portero que puso cámaras en el aseo de un colegio en Córdoba

El portero empleado por el Ayuntamiento de Córdoba que colocó una cámara de vídeo en un cuarto de baño de un colegio de la capital cordobesa ha sido condenado a dos años de cárcel como autor de dos delitos contra la intimidad. El juzgado de instrucción número 2 de Córdoba, que ha instruido esta causa desde que el hombre fuera detenido por la Policía Nacional en marzo del 2021, ha fallado en su contra al entenderlo autor de esos dos delitos con la atenuante de reparación del daño.

No obstante, el fallo contempla el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al quedar condicionada a que el condenado no delinca en el plazo de dos años, así como a que pague la multa por responsabilidad civil en un plazo de tres meses.

En este sentido, el hombre ha sido condenado a pagar 12 meses de multa, a razón de 6 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, además, tendrá que indemnizar a una de las víctimas con 7.560 euros por las lesiones sufridas y con 6.000 euros más por los daños morales, mientras que a la segunda víctima tendrá que abonarle por el daño moral causado 4.000 euros.

El portero investigado por poner cámaras en un colegio espió también en la residencia municipal

Hechos probados

El fallo, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, recoge como hechos probados que el acusado "con ánimo de vulnerar la intimidad y sin consentimiento de las perjudicadas", colocó en el aseo de uso exclusivo de profesoras una mini cámara de vídeo grabación, que incluía en su interior una tarjeta de memoria". Con dicha cámara, el conserje habría grabado a una de las víctimas que además era profesora del centro haciendo sus necesidades fisiológicas. Asimismo, ha quedado probado que el portero trasladó esa cámara a un aseo del aula de infantil, donde grabó a otra profesora. El condenado habría repetido la operación al día siguiente, cuando una de las afectadas descubrió la cámara y denunció los hechos.

A consecuencia de lo ocurrido, una de las víctimas ha sufrido trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa predominante que ha requerido tratamiento médico de 126 días.

La dirección del centro denunció los hechos, por lo que la Policía Nacional se personó en el colegio para iniciar las diligencias policiales, que concluyeron con la detención del portero. 

El detenido ya reconoció el uso de la cámara y de la grabación de imágenes en sede policial, algunas de las cuales estaban almacenadas en un ordenador que había en su domicilio. Es precisamente en ese ordenador donde se encontraron otras imágenes presuntamente grabadas en la residencia de ancianos Guadalquivir, antes de que pasara a manos de la Junta de Andalucía, y en las que se identificaron dos trabajadoras municipales.

Información reservada

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, abrió expediente de información reservada a este empleado municipal, que era interino y trabaja desde hace muchos años en la administración local. Además, el área de Recursos Humanos dio la orden para que el trabajador fuera trasladado a otro emplazamiento, lejos del centro educativo. Las fuentes municipales consultadas indican que en función del desarrollo del proceso judicial el instructor del expediente puede sancionar al empleado con la suspensión de empleo y de sueldo.

Suscríbete para seguir leyendo