Un juzgado de Córdoba investiga un nuevo delito de cohecho en la delegación de Infraestructuras

El juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba investiga un nuevo presunto delito de cohecho en la Delegación municipal de Infraestructuras. En la causa judicial aparecen como investigados varios empleados municipales del área de Infraestructuras (un capataz y un trabajador), así como varios representantes legales de empresas vinculadas contractualmente con el Ayuntamiento de Córdoba. Al parecer, los trabajadores del Consistorio habrían pedido dinero a las empresas a cambio de la adjudicación de contratos. Los hechos se habrían denunciado en 2023 y habrían salido a luz tras las investigaciones de la Policía Nacional en el marco del primer caso Infraestructuras.

Estas irregularidades se habrían producido después de que el mandato pasado estuviese salpicado por dudas en el proceder legal de algunos responsables políticos y trabajadores de esta misma delegación.

Dos causas el mandato anterior

El mandato pasado, de hecho, se abrieron dos causas judiciales, que a su vez tuvieron otras ramificaciones: la primera causa conocida como caso Infraestructuras continúa siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba; mientras que sobre la segunda causa, que instruía el juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, se decretó el pasado mes de abril el sobreseimiento provisional y su archivo.

El juzgado archiva el segundo caso Infraestructuras que denunció David Dorado

La causa archivada fue la que presentó el entonces delegado de Infraestructuras, David Dorado, sobre supuestas irregularidades en contratos de esta delegación anteriores a su mandato. El edil presentó aquella denuncia, que se conoció como el segundo caso Infraestructuras, justo después de abrirse una primera causa en el juzgado de Instrucción número 4 y en la que se imputó a su entonces mano derecha (la coordinadora general del área) y a un técnico de Infraestructuras, y en la que él mismo tiene la condición de investigado.

El Ayuntamiento se persona

De momento, poco ha trascendido de estas diligencias judiciales en las que el Ayuntamiento se ha tenido que personar en calidad de acusador particular al resultar perjudicado por los hechos ocurridos en este área municipal y para que puede ejercitar las acciones civiles y penales que se consideren necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. De hecho, la junta de gobierno local adoptó el lunes el acuerdo para personarse al considerar que los hechos por los que se sigue el proceso penal podrían haber lesionado los intereses municipales.

El delito de cohecho está regulado en los artículos 419 a 427 bis del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración Pública. Se entiende por cohecho el delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública.

Tras las reformas del Código Penal, se ha incluido la responsabilidad penal de las personas jurídicas si cometieran este tipo de delito, tanto si hubiera sido cometido en su nombre o por parte de sus representantes legales o administradores. Las personas imputadas por un delito de cohecho se enfrentan a multas de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años; multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso; y multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.