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La Diputación y la CHG ultiman el convenio para mejorar la potabilizadora de Sierra Boyera con 8,5 millones

Salvador Fuentes confía en que las obras de reforma comiencen el próximo año

Salvador Fuentes, durante una visita a la ETAP de Sierra Boyera.

Salvador Fuentes, durante una visita a la ETAP de Sierra Boyera. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

La Diputación Provincial de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están a punto de finalizar la redacción de un convenio de colaboración para acometer las obras de la segunda fase de reforma de la planta potabilizadora de Sierra Boyera, de la que se abastecen la mayoría de los 80.000 habitantes de las comarcas del norte. Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes

"Estamos pendientes de los flecos del mismo", ha dicho Fuentes para referirse a este acuerdo entre administraciones que permitirá dotar a Los Pedroches y el Guadiato de una planta de tratamiento de última generación, capaz de hacer frente a los retos futuros en la gestión del agua. El coste de la actuación alcanzará los 8,5 millones de euros, siempre según la valoración que ha realizado el presidente de la Diputación en el Pleno de este miércoles, a preguntas de la oposición. 

El proyecto de obras ya está redactado, de modo que la reforma podría comenzar en poco tiempo, una vez superados los trámites administrativos. Fuentes aspira a que las máquinas entren en Sierra Boyera el año que viene, para "poder disponer de agua suficiente y de muy buena calidad para toda la zona norte". La intención es "que no pase como en 2022 y 2023", ha dicho el presidente en alusión a los graves problemas de abastecimiento vividos en el norte por el retraso en acometer infraestructuras hídricas. 

Colaboración y condiciones

Fuentes entiende que la colaboración con la CHG es fluida y permanente. "El compromiso es cierto e inminente y cuando tengamos el convenio se harán las obras", ha dicho en el Pleno. La CHG, por el contrario, pone condiciones para rubricar el necesario acuerdo. El organismo de cuenca, consultado al respecto por este medio, asegura que "no se firmará nada si antes la Diputación no cumple con su compromiso de hacer la obra necesaria para potabilizar el agua de la Colada a Sierra Boyera". La entidad no ha querido especificar detalles sobre el contenido del convenio ni los plazos.

Esa obra, según la Diputación, ya está terminada. Son en realidad cinco actuaciones diferentes pero vinculadas, comenzadas el año pasado para intentar potabilizar el agua de La Colada, tan contaminada que no sirve ni para el baño. Fue un proyecto de emergencia que se puso en marcha, con cuatro millones de euros aportados por la Junta, para intentar tener en condiciones mínimas el agua de La Colada para esta primavera. Las lluvias de marzo arreglaron antes el problema, pero incluso así la Diputación, a través de Emproacsa, siguió adelante con sus planes. Fuentes siempre ha explicado que ese proyecto de emergencia nunca se ha detenido y ya está finalizado por completo o a punto de hacerlo en alguna de sus últimas fases. 

Colaboración con la Junta en urbanismo

El Pleno aprobó el protocolo general con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para la cooperación en materia de ordenación del territorio, urbanismo y disciplina urbanística en la provincia. En relación con este punto, la portavoz del Partido Popular en la institución provincial, Ana Rosa Ruz, explicó que «este protocolo que hoy se ratifica es vital para el desarrollo urbanístico de nuestros pueblos en materia de vivienda, pero sobre todo ante las nuevas necesidades que desde el punto de vista de la ordenación del territorio traerá consigo la implantación de la Base Logística».

Por otro lado, el Pleno comenzó con todos los asistentes guardando un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de la recientemente fallecida Rafi Valenzuela, exsubdelegada del Gobierno en Córdoba.

Finalmente, se acordó una subida salarial para cualquiera que cobre un salario de la Diputación, sea cual sea su situación. Será de un 2% con efectos retroactivos, tal como obliga un decreto estatal. Afecta a funcionarios, personal laboral, eventuales e incluso a los miembros de la Corporación, esto es, los propios diputados.