Pozos ilegales en Doñana: las cuentas pendientes con la justicia

La Casa de Alba podrá regar como venía haciendo en su finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar, en Sevilla. El juez que lleva su caso por un presunto delito ambiental por expolio de agua ha levantado recientemente las medidas cautelares a los ocho pozos sin autorización de los que sacaba agua para regar los naranjos de su finca. Las asociaciones ecologistas han vuelto a pedir la clausura de estos pozos que gestionan los hijos de Cayetana de Alba.

Este no es el único caso en el que el robo de agua y los pozos ilegales cerca de Doñana se relacionan con famosos, grandes fortunas y terratenientes. Tres años después de la condena a España del Tribunal Superior de Justicia Europeo por la falta de medidas para proteger esta joya natural, el delito ambiental por expolio de agua y sobreexplotación de acuíferos ronda a varios habituales del papel cuché.

El pasado otoño, cuando Eugenia Martínez de Irujo prestaba declaración en el Juzgado n.º 1 de Sanlúcar la Mayor, también trascendió el caso de la finca Carrascalejo propiedad de Miguel Báez 'El Litri', ubicada también en el término municipal de esta localidad sevillana.

Estas causas están en fase judicial y habrá que ver cómo continúan los procesos. Sin embargo, también el pasado mes de octubre, la sala de lo Penal del Juzgado n.º 14 de Sevilla dictó sentencia contra los hermanos Campos Peña, populares ganaderos de reses bravas, caso paradigmático por la pena de cárcel contra la que han interpuesto recurso.

Doñana, uno de los cuatro puntos negros del saqueo de agua

El entorno de Doñana es, según un informe de WWF, uno de los cuatro puntos negros de España del saqueo de agua. Esta organización calcula que una superficie equivalente a casi 6.000 campos de fútbol se riega con agua extraída de forma ilegal en esta área.

WWF calcula que una superficie equivalente a casi 6.000 campos de fútbol se riega con agua extraída de forma ilegal en el entorno de Doñana

Fuentes de las organizaciones ecologistas, admiten que estas captaciones ilegales de agua o los cambios de uso de las tierras se descubren en trabajos rutinarios y en la mayoría de los casos, no saben que son propiedades de ricos y personas populares de las revistas del corazón y la televisión.

¿Cuántos miles de litros de agua se han podido detraer de los acuíferos del entorno de Doñana y de qué coste económico hablamos?, ¿cómo localizan los ecologistas estos pozos y los denuncian?, ¿cómo actúa el organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para cerrarlos?

"Indulto" de pozos "por sorpresa" de la finca Aljóbar

Los ecologistas han pedido esta semana que se vuelvan a paralizar los ocho pozos ilegales de la finca Aljóbar (Aznalcázar, Sevilla), propiedad de la familia nobiliaria por antonomasia en España, la Casa de Alba, tras conocerse hace unos días la decisión del juez de levantar las medidas cautelares de estas captaciones de agua irregulares para riego de naranjas en intensivo.

Los ecologistas han pedido esta semana que se vuelvan a paralizar los ocho pozos ilegales de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba

El titular del juzgado de Sanlúcar la Mayor que investiga la causa judicial, considera que no se pone en riesgo el acuífero. Al respecto, Ecologistas en Acción, la organización que está personada en este caso, denuncia "indefensión" al no ser informados para presentar alegaciones contra esta decisión.

La finca de los Alba extrae el agua del acuífero Aljarafe Sur, declarado en buen estado y que linda con Doñana. En este caso, el Seprona comprobó que, al menos desde hace una década, se sacaba sin autorización agua de ocho pozos. La CHG valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico en la última cosecha: un consumo extra de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. El robo sería mucho mayor si se demuestra esta práctica continuada en el tiempo.

Legalizar los pozos en paralelo a la causa

"Los distintos autos deberían ser comunicados en tiempo y forma, pero no ha sido así, encontrándonos con la sorpresa del levantamiento de medidas cautelares en el acto de confrontación el pasado 5 de junio", explica a El Correo de Andalucía, de Prensa Ibérica,Antonio Amarillo, de Ecologistas en Acción.

La ONG se dio cuenta del "indulto" a estos pozos en ese trámite administrativo, algo obligatorio dentro del proyecto presentado por la empresa que gestiona esta finca, Eurotécnica Agraria, para incorporar las ocho captaciones a su concesión reconocida para el riego de 200 hectáreas. Un proceso que, como adelantó eldiario.es/andalucia se inició cuando ya estaba en marcha la causa judicial.

Según Ecologistas, "resulta sorprendente que el visto bueno de la Oficina de Planificación (CHG), donde afirma que el acuífero está en buen estado y no supone un riesgo para su conservación, no haga mención alguna a la situación legal de las ocho captaciones que pretende incorporar a su aprovechamiento".

Robo de más de 500.000 m3 de agua por campaña

En el entorno de Doñana, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) destaca el importante esfuerzo que se está realizando para la clausura de pozos ilegales. Hasta el pasado mes de mayo, los expedientes abiertos en esta materia superan el millar. La CHG afirma que hasta esa fecha se han cerrado "por ejecución forzosa" 287 pozos ilegales otros 212 están en tramitación.

El organismo de cuenca sostiene que "se están aplicando medidas cautelares de precintado pozos que son objeto de algún procedimiento sancionador en trámite". Según han confirmado el Correo de Andalucía, "estas actuaciones comenzaron a aplicarse el pasado verano, habiéndose ejecutado a esta fecha un total de 51 medidas que se verán incrementadas próximamente como consecuencia del resultado de los planes de inspección, actualmente en marcha".

Gracias a estas medidas cautelares se ha conseguido el cese del riego de 97 hectáreas de frutos rojos, estimándose la captación irregular de agua para riego en más de 500.000 m3 por campaña.

Los Campos Peña, ¿cuarta condena a prisión por robo de agua en Doñana?

Los cinco hermanos Campos Peña han sido los primeros terratenientes en ser condenados a penas que podrían suponer su entrada en prisión por un delito contra el medio ambiente en el Parque Nacional de Doñana y otro de daños, así como a pagar una indemnización de 1,96 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Esta sentencia sanciona con tres años y medio de cárcel a los propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en las inmediaciones de la otra finca investigada, Aljóbar. Los Campos Peña cuentan con participaciones en distintas empresas, la mayoría dedicadas a la actividad agrícola o ganadera de reses bravas.

El caso está pendiente de que la Audiencia provincial resuelva los recursos que interpusieron contra la sentencia dictada por la juez de lo penal. En caso de ratificar la sentencia, sería el cuarto pronunciamiento judicial que condena a penas de prisión y el pago de la deuda económica sustraída con el dominio público hidráulico. En estos cuatro casos, el agua se detrae del famoso Acuífero 27, el que nutre al Parque Nacional.

En estas tierras se cultiva algodón y de arroz y tienen una concesión para el riego de 456 hectáreas. La sentencia asegura que entre 2008 y 2013 se llegó a duplicar el consumo de agua permitido a través de pozos ilegales.

La sentencia asegura que entre 2008 y 2013 se llegó a duplicar el consumo de agua permitido a través de pozos ilegales

"Expolio hídrico reiterado y constante"

"Es este caso, un claro ejemplo de responsabilidad compartida, la directa, achacable a los propietarios de Hato Blanco por el saqueo de las aguas de Doñana, pero también por parte de las administraciones públicas, porque permanecieron impasibles durante años y más años, afirmó Ecologistas en Acción cuando se conoció la sentencia.

"La fortuna millonaria y desconocida de 'El Litri'"

La revista Mujer Hoy publicó un artículo a finales de 2018 en el que daba a conocer “la fortuna millonaria y desconocida de El Litri”. El torero acababa de comprar la finca Carrascalejo, situado en el municipio sevillano de Sanlúcar La Mayor.

En este campo, en las inmediaciones del río Guadiamar, se cultivan 360 hectáreas de olivo de riego superintensivo con agua procedente del acuífero de Tejada, otra de las reservas hídricas colindantes con el Acuífero 27, el que nutre el Parque Nacional de Doñana.

Este cortijo y sus terrenos aleñados se encuentran también en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, y se ha interpuesto denuncia por un presunto expolio de agua en el Juzgado n.º 15 de Sanlúcar la Mayor. En este caso, la querella es contra la empresa Santa María de Río.

El volumen de aguas ilegalmente detraídas desde 2019 hasta la fecha se estima en alrededor de 2,4 millones de metros cúbicos, que supondría un daño al dominio público hidráulico de alrededor de 575.000 euros, según la querella.

"Normalmente hablamos de gente que tienen concesiones, pero captan más agua de la que se les permite", Felipe Fuentelsaz, WWF

WWF "valora próximos pasos" en el caso de la finca Carrascalejo

WWF dio con estas captaciones ilegales en una visita rutinaria a la zona. Felipe Fuentelsaz cuenta que presentaron el informe a Fiscalía, que fue quién abrió la causa. "No sé en qué punto está, ya que al no personarnos, no hay obligación de informarnos", abunda.

Según Fuentelsaz "estamos siguiendo el proceso y valorando próximos pasos". WWF cifró en este caso en dos billones los litros de agua sustraídos del acuífero de Tejada en esta zona.

Fuentelsaz utiliza este caso para explicar cómo se roba el agua: "normalmente hablamos de gente que tienen concesiones, pero captan más agua de la que se les permite". "Al final si vamos a pie de carretera puedes ver esa transformación en el terreno. También usamos imágenes por satélites, cartografía por teledetección", aclara.

"Los permisos, las concesiones, los da el organismo de cuenca. Hay casos en los que los propietarios presentan el permiso del ayuntamiento, o por ejemplo, de Minas, por el sondeo o la obra, pero no son las administraciones competentes", recalca el ecologista.