Condenado un guardia civil por no actuar ante una denuncia de "múltiples robos" de ganado en Los Pedroches

La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha inhabilitado para empleo público durante seis meses a un sargento de la Guardia Civil por no actuar ante una denuncia sobre "múltiples robos" de ganado en la comarca de Los Pedroches, que fue presentada por un individuo en la primavera de 2016. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El tribunal considera probado que el acusado era, en el momento de los hechos, sargento de la Guardia Civil con destino en una localidad cordobesa. En ese tiempo, "haciéndose pasar por ganadero", contactó con un comerciante de ganado que desarrollaba su actividad en Hinojosa del Duque y otros municipios de la zona para preguntarle lo que sabía "sobre los múltiples robos de ganado que se estaban produciendo en la comarca", recoge la sentencia.

Días después, el sargento citó a este individuo en el cuartel para que acudiese a declarar. En mayo de 2016, esta persona presentó una denuncia ante la Guardia Civil "por los múltiples robos de ganado que se venían produciendo en los pueblos de alrededor". En ella implicó a personas concretas del negocio ganadero y "también a varios guardias civiles, dando datos concretos de alguno de ellos, como parte de la red de robo de ganado".

Guardó la denuncia

A pesar de conocer estos hechos y de su obligación de perseguir delitos, el acusado guardó la denuncia, primero, en su despacho y después, en su casa, "sin darle trámite para que se profundizara en la investigación, sin dar cuenta a la autoridad judicial ni a sus superiores jerárquicos", a pesar de que el compañero que actuó como secretario al recoger la denuncia le recomendó que la trasladase a una unidad de policía judicial.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia indica que el encartado solo informó de esta denuncia cuando el comerciante denunció por segunda vez los hechos, "dando lugar a la actuación del grupo operativo encargado de la investigación, que se presenta en el puesto para tomar declaración al acusado". En ese momento, reconoció que tenía la denuncia en su casa, localizada en las dependencias del puesto.

El ministerio fiscal solicitó que se impusiera a este guardia civil un año y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, pero finalmente la Audiencia provincial le condena a una inhabilitación de seis meses, "teniendo presente la ausencia de cualquier circunstancia agravante y, sobre todo, el que desde la comisión de los hechos han transcurrido ya más de ocho años", recoge el fallo.