Que haya paz en los pueblos, pero sin jueces

Que haya paz. Ese es el objetivo de la llamada Justicia de Paz, entendida no como la oposición a la guerra, sino como la preservación del orden social y la resolución de pequeños conflictos y rencillas entre vecinos. Los jueces de paz están instalados en miles de pequeños municipios de todo el país, por lo general allí donde no hay un juzgado de primera instancia, lo que quiere decir en casi todos los sitios. Surgieron en España a finales del siglo XIX, aunque desde mucho antes ya existían en la Iberoamérica recién independizada. Tienen los días contados, una frase que los jueces de paz llevan tiempo escuchando. Pero ahora sí parece cierta, tras la reforma judicial emprendida por el ministro Bolaños. 

En Córdoba existen en la actualidad un total de 63 juzgados de paz repartidos en 11 partidos judiciales. Existen, por tanto, en el 80 por ciento del territorio. La reforma judicial -que va mucho más allá de la Justicia de Paz -convertirá a estas instituciones en oficinas judiciales con personal especializado. Los jueces de paz pueden ser legos, esto es, no tienen porqué conocer los fundamentos del Derecho (aunque en no pocas ocasiones son licenciados o abogados). La reforma de Bolaños pretende profesionalizar la institución, para lo que harán falta nuevos recursos y personal. Estos juzgados serán en teoría sustituidos por oficinas judiciales municipales.

Alcance y competencias

La jurisdicción de un juez de paz alcanza a donde llegan los límites del municipio donde ejerce exclusivamente. El titular ha de ser residente en la misma localidad, al contrario de lo que ocurre con los togados profesionales. Sus competencias tienen que ver con los trámites en el Registro Civil (como anotar nacimientos u oficiar bodas), notificar resoluciones judiciales o solventar pequeños conflictos civiles. Nunca pueden actuar en un delito con carácter penal, para eso están los distintos juzgados.

Pueden dirigir juicios aunque no tengan formación, pero sólo para conflictos leves como insultos, coacciones, amenazas o incluso reclamaciones monetarias inferiores a 90 euros. En cualquier situación, los jueces de paz siempre van a intentar que el problema se solucione mediante el diálogo de mutuo acuerdo. Ejercen, por tanto, como mediadores para evitar que un caso llegue a la Justicia ordinaria. Y en muchas ocasiones lo consiguen.

Amparo Vinos Jiménez, una joven bujalanceña de 30 años de edad, es uno de esos casos de jueces de paz que sí saben Derecho (es licenciada). Ejerce el cargo en Bujalance, localidad que históricamente fue Cabeza de Partido Judicial, hasta que perdió esa condición cuando en los primeros años de la democracia se trasladó a Montoro. Fue nombrada por el Pleno del Consistorio bujalanceño en marzo de 2020, al inicio de la pandemia del covid. Tuvo un estreno complicado porque en aquellas fechas debía acudir casi a diario a su despacho, algo poco frecuente en juez de paz. 

«Este es un trabajo que hago como un servicio y colaboración por mi pueblo, pero no como opción laboral, ya que el sueldo no es suficiente, por lo que lo compagino con el trabajo que realizo en un despacho de abogados en Córdoba», asegura. Trabaja todas las mañanas de los miércoles, además de en caso de que se produzca «alguna conciliación urgente». 

En Los Pedroches

Antonio José Reyes es el juez de paz en Dos Torres desde la primavera de 1999. Maestro de profesión, en aquel momento asumió la tarea tras relevar a su antecesor y empezó a aprovechar los recreos para realizar su función. Cuenta con sus dependencias judiciales en el Ayuntamiento, donde junto a la secretaria firma e interviene en las funciones que le son propias.

Antonio José Reyes, a sus 76 años, cuenta con el reconocimiento y aprecio de sus vecinos y asegura que «me siento orgulloso de prestar este servicio a la sociedad y a los habitantes de mi pueblo, Dos Torres».

Antonio José Reyes asegura que al juez de paz se le tiene respeto e indica que en sus múltiples casos atendidos «nunca ha llegado la sangre al río». 

Por su parte, Emilio Escribano lleva 12 años ejerciendo su labor como Juez de Paz en otro municipio de Los Pedroches, el que da nombre a la comarca entera: reside y ejerce en Pedroche, y a todo ese tiempo que ha dedicado a la Justicia de Paz hay que sumar otros años en que estuvo como suplente. 

Cuando la jueza antecesora en el cargo lo dejó por motivos labores, Escribano llegó al cargo del que, según señala, se siente «orgulloso» y con la satisfacción del reconocimiento que recibe por parte de Pedroche y los pedrocheños ya que «siempre te llegan buenas palabras de ellos y sobre todo la confianza que existe».

Fuente Carreteros

En pleno Valle del Guadalquivir, en el pequeño municipio de Fuente Carreteros, desarrolla sus tareas como jueza de paz Lucía Reyes. Hay que recordar que Fuente Carreteros es el municipio más joven de la provincia -junto con La Guijarrosa-, ya que obtuvo su independencia de Fuente Palmera hace poco más de un lustro, en el año 2018. Esa juventud, además de su pequeño tamaño, hace que el Juzgado de Paz de Fuente Carreteros tramite casi exclusivamente los casos relacionados con el Registro Civil, tal como relata la propia Reyes a Diario CÓRDOBA. 

«Llevo poco tiempo, porque el juzgado es de un municipio reciente. Estoy en el cargo algo más de cuatro años, es un pueblo pequeño. El juzgado tiene menos carga de trabajo que otros municipios, y fundamentalmente es todo lo relacionado con el Registro Civil. Defunciones, bodas... eso supone el mayor volumen de trabajo en Fuente Carreteros», apunta Reyes sobre sus funciones. 

"Una gran inversión"

Con respecto a la futura de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia (así se llama la reforma de Bolaños), la actual jueza de paz de Bujalance, Amparo Vinos, manifiesta que «es algo que vengo oyendo desde que comencé como jueza de paz, y ya han pasado cinco años. No sé cuándo será aprobada, lo que sí es cierto es que la figura del juez de paz desaparecerá, porque lo que se pretende es una mayor informatización y eso se hará con el personal administrativo de justicia. Por supuesto para que se realice se necesita una gran inversión presupuestaria para que llegue esta oficina a todos los municipios».

Como jueza de paz, sus funciones en el municipio de Bujalance son «la realización de los trámites en materia de registro civil, con las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, realizar bodas o firmar declaraciones juradas. También realizo actos de conciliación y juicios verbales sobre demandas cuya cuantía no supere los 90 euros», asegura en conversación con este medio. Todo eso desaparecerá cuando se aplique la reforma prevista, ya que todo lo relacionado con el Registro Civil quedará fuera de sus competencias actuales. 

"Acercar la Justicia"

Lucía Reyes, la jueza de paz del pequeño y reciente municipio de Fuente Carreteros, en el Valle del Guadalquivir, recuerda cómo es el procedimiento para nombrar y tomar posesión del cargo. Es el Consejo General del Poder Judicial quien realiza el nombramiento, que debe haber pasado antes por el Pleno del Ayuntamiento de la localidad en que el juez de paz vaya a desarrollar su trabajo. Para ello, Reyes presentó su currículum personal y su formación como diplomada en Relaciones Laborales. «Me interesó el tema y presenté mi candidatura», recuerda; en cualquier caso, «por la cuestión económica no es». El último paso es la toma de posesión, que se realiza ante el juzgado de instrucción correspondiente. En su caso, el de Posadas, partido judicial al que pertenece el juzgado de Fuente Carreteros. 

Con respecto a la anunciada reforma judicial del Ministerio de Justicia, que se encuentra aún en fase de anteproyecto de ley, Lucía Reyes asegura que sigue trabajando con la misma normalidad, ya que no se le ha comunicado oficialmente la extinción de la Justicia de Paz. «Parece que la idea es acercar la Justicia ampliando funciones para que los ciudadanos no tengan que desplazarse», resume. 

Un servicio de "confianza"

Para Emilio Escribano, que atesora 20 años de experiencia en juzgados de paz de Pedroche (estuvo ocho años como suplente de la institución), lo peor es «cuando toca firmar la defunción de un vecino al que conoces o cuando se rubrica un divorcio de una pareja a la que aprecias». Son cuestiones con las que tiene que lidiar cualquier juez de paz, incluso si no son plato de su agrado, y menos en municipios pequeños donde todo el mundo se conoce. Pero hay muchas cosas buenas de su labor que Escribano aprecia, sobre todo cuando su labor se desarrolla acercando posturas y resolviendo problemas o conflictos.

En el capítulo de anécdotas, subraya que en una boda que ofició el niño que llevaba los anillos desapareció en el momento en el que se los iban a poner los contrayentes y hubo que buscarlo para que pudiera seguir la ceremonia. Son anécdotas que se suceden en el día a día de los jueces de paz que en ocasiones hacen más agradables sus tareas judiciales.

Finalmente, Escribano refiere que las personas mayores «te vienen con distintas cuestiones para que les ayudes o para estar ahí cuando vienen con miedo por una citación recibida y que exista esa confianza es algo bonito».

A la resolución de "enemistades"

Con sus 25 años en el cargo, Antonio José Reyes sigue ejerciendo como juez de paz a sus 76 años de edad en el pequeño municipio de Dos Torres, en la comarca del Valle de Los Pedroches. Entre sus tareas, recuerda Reyes, se encuentran presidir bodas, hacer certificados de nacimiento, defunción o de matrimonios para los libros de familia, dar salida a citaciones judiciales, recibir las actas de las mesas electorales, mediar ante conflictos vecinales o tramitar edictos. Son en esencia las mismas funciones que cualquier otro juez de paz, dado que sus tareas no cambian con el municipio.

Además, recuerda el responsable del Juzgado de Paz de Dos Torres algunos casos que realizó en el pasado como intervenir para que el propietario de un gallo no despertara con su canto al vecindario, conflictos por los lindes de caminos «cuando se ocupa más terreno del que corresponde» o en un caso más reciente para fijar la reparación en el momento oportuno de unas goteras que se produjeron de una vivienda a otra. Pueden parecer nimiedades, pero problemas similares pueden terminar generando una profunda enemistad entre vecinos, cuestiones que los jueces de paz pueden solventar acudiendo al diálogo.

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