El juez del caso Koldo imputa al secretario de Transportes y a altos cargos de Puertos y Adif

La Fiscalía Anticorrupción atribuye la condición de "investigados" a los altos cargos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) cuya imputación solicitó al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a finales del mes de mayo, prácticamente cuando la Fiscalía Europea reclamó para sí la instrucción del caso Koldo. Así consta en el escrito en el que pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que eleve el conflicto planteado al Tribunal Supremo para que sea él quien dirima qué organismo debe investigar el caso de corrupción.

El pasado 31 de mayo se supo que Anticorrupción había solicitado al juez Ismael Moreno, instructor del caso en la Audiencia Nacional, que llamara a declarar como investigados al subsecretario general de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Manuel Gómez García, y al director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua, según constaba en un escrito fechado un par de día antes. También pedía que comparezca como imputado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue destituido por el ministro Óscar Puente. La concreción de las imputaciones quedó en una especie de limbo, al reclamar para sí el caso la Fiscalía Europea.

En el escrito en el que Anticorrupción defiende ante el juez Moreno la necesidad de conservar el procedimiento, la Fiscalía Especial señala que "no hay duda de que existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE", porque "la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos" y porque se trata de "una trama que ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española".

"Condicion de investigados"

En este punto es en el que añade que esa afirmación obedece a que "actualmente" tienen "la condición de investigados un asesor del que fuera ministro responsable del MITMA, el subsecretario de este ministerio y varios responsables de Puertos del Estado y de ADIF, además de dos miembros de la Guardia Civil (un comandante y un subteniente)". El primero de los citados es el principal imputado en el caso: Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y el resto de las personas cuya imputación solicitó Anticorrupción el pasado 29 de mayo.

El escrito señala que "no sería fácil justificar que so pretexto de un eventual y no acreditado perjuicio a los intereses financieros de la UE fueran apartados los órganos nacionales más directamente encargados de la persecución de dos de los más característicos delitos de corrupción, como son el tráfico de influencias y el cohecho, conductas que, además, no se han limitado a la adjudicación de los contratos de suministro investigados, pues se han extendido a otros ámbitos de la Administración Pública, señaladamente, y nada menos, la propia Guardia Civil.

En este sentido, Anticorrupción destaca que en las entradas y registros realizadas en el caso "fueron intervenidas, entre otras, un total de 169 evidencias digitales, material que está ya siendo examinado y del que todo apunta podrían derivarse nuevas imputaciones que afectarían a otras personas e incluirían nuevos delitos", lo que hará extenderse la trama de corrupción en la Administración española.