Condena
Tres de los cuatro policías locales de Badajoz acusados de un allanamiento pactan cinco años de prisión
El juicio prosigue para el cuarto imputado, que no ha aceptado un acuerdo que incluye dos años de inhabilitación y una indemnización global de 82.500 euros
Los cuatro policías locales procesados, este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz. / S. GARCÍA
Belén Castaño Chaparro
Cinco años de prisión. Es la pena que, tras el acuerdo entre la fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, la Audiencia Provincial de Badajoz impondrá a tres de los cuatro policías locales de Badajoz acusados de irrumpir de manera ilegal en un domicilio de la calle Francisco Vera de Valdepasillas la madrugada del 30 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, y agredir a sus inquilinos.
El cuarto imputado, un oficial, no ha pactado y el juicio, que comenzó este miércoles, prosigue para él. Se enfrenta a hasta 23 años de cárcel, que son los que solicitan las acusaciones pública y particular en sus escritos provisionales, por los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal, lesiones, falsedad documental, contra la integridad moral y denuncia falsa.
Según el acuerdo, los tres agentes serán condenados a 1 año de prisión por dos delitos de lesiones leves (6 meses por cada uno), 2 años por falsedad documental y otros 2 por un delito contra la integridad moral por trato degradante. Además, tendrán que indemnizar a las víctimas con una cuantía global de 82.500 euros (27.500 euros cada uno).
Sus defensas solicitarán la suspensión de la pena de cárcel una vez el tribunal dicte sentencia.
El fiscal modificó su escrito de acusación y mantuvo todos los delitos que les imputaba, salvo el de falso testimonio, y tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que los tres procesados ya habían consignado hace unos meses 11.000 euros y este martes, otros 16.500, es decir, el total de la responsabilidad civil acordada.
Los delitos de allanamiento y detención ilegal se mantienen, pero no serán castigados con pena de cárcel, puesto que el ministerio público entiende que los tres policías locales actuaron siguiendo las órdenes del oficial, que fue quien "dispuso y ejecutó todas las actuaciones que se juzgan", y en el "equívoco" de que este había consultado con un mando superior "la habilitación para entrar en la vivienda". Serían, por tanto, responsables de un delito de allanamiento y detención ilegal "imprudente", un subtipo que no está tipificado en el Código Penal.
El ministerio público pidió que, pese a la conformidad, los tres policías locales fueran interrogados. Contestaron a las preguntas de la fiscalía y se acogieron a su derecho a no responder a las de la defensa del oficial, en manos de Juan Antonio Frago. Las acusaciones particulares, ejercidas por José Antonio Romero, Eduardo Gil y Natalia Sánchez, y sus abogados, Emilio Cortés, Juan José Torres y Celestino Rodolfo, no les hicieron ninguna.
Siguiendo órdenes
En su declaración, los tres agentes reconocieron que, cuando se produjo el altercado, se habían personado en el domicilio de los perjudicados, donde se encontraba la pareja que tenía arrendado el piso y tres amigos más, por orden del oficial, que fue el primero que entró de manera súbita y a la fuerza en la vivienda.
Asimismo, aseguraron que ninguna mujer estaba pidiendo auxilio desde el interior y que siguieron las órdenes de su superior para detener al inquilino, al que trasladaron completamente desnudo hasta el coche policial y de la misma forma al hospital Perpetuo Socorro. Todos reconocieron haber empleado la fuerza física de forma "desproporcionada" y que el atestado policial (la denuncia) ante la Policía Nacional la redactó el oficial y "luego la firmamos nosotros".
Los tres agentes no tendrán que asistir al resto de sesiones del juicio, salvo a la final, para ejercitar o renunciar a su derecho a la última palabra.
El oficial: "Volvería a actuar exactamente igual"
La fiscalía también le ofreció un pacto, pero lo rechazó porque "la pena para mí era más del doble que para el resto, cuando la acusación era igual para todos". Es lo que aseguró en su declaración ante el tribunal el oficial de la Policía Local de Badajoz imputado por el allanamiento y la agresión a los ocupantes del piso de la calle Francisco Vera de Valdepasillas durante el estado de alarma.
Según su versión, actuó ante un "delito flagrante de desobediencia", puesto que el inquilino del piso se negó en reiteradas ocasiones a identificarse con su DNI, y ante la posibilidad de que se estuviera produciendo en el interior del domicilio un caso de violencia de género, pues oyó ruidos de cristales rotos y mobiliario y a una chica diciendo "estate quieto, déjame ya". Además, relató, que hubo un momento en el que temió que el inquilino pudiera coger "un arma, un palo o un cuchillo" mientras discutían.
El oficial explicó que por ese motivo entró en la vivienda y lo agarró del torso, momento en el que la pareja del inquilino, que estaba grabando con su teléfono móvil, se subió encima de él y le comenzó a pegar patadas y puños. Aseguró que estuvo "15 segundos en el hall" del piso y lo demás, "ocurrió fuera".
En cuanto a las indicaciones que dio a sus compañeros, el oficial negó que les hubiera conminado a entrar en la casa, sino que lo siguieron sin más. "Yo no ordené nada a nadie", recalcó. En este sentido, defendió que tampoco les mandó a firmar el atestado policial. "Como es práctica habitual, entre todos hicimos la comparecencia, todos la leímos y todos la firmamos", aseveró.
Preguntado por su defensa si, a la vista de la posición de sus compañeros en el juicio, hubiera hecho lo mismo, respondió que "volvería a actuar exactamente igual". En este sentido, insistió en que no debía pedir autorización a un mando superior para intervenir, "porque cualquier compañero, si es urgente, tiene que actuar".
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