Analizan el Derecho Sancionador Europeo como parte de un proyecto internacional

Casi desde el ingreso de España en las Comunidades Europeas, el área de Derecho Administrativo de la UCO ha desarrollado investigaciones en algunos de los ámbitos del Derecho Administrativo de la Unión Europea que más incidencia tienen en la vida cotidiana y el entorno cordobés. En particular, el grupo de investigación SEJ-196, liderado durante años por Manuel Rebollo, se ha ocupado extensamente de la Política Agrícola Común (con estudios monográficos sobre el aceite de oliva, la leche o las ayudas agrícolas), sobre el mercado interior (denominaciones de origen, seguridad de los productos, protección de consumidores), sobre la banca y el proceso de reordenación bancaria durante la crisis, sobre el control de los flujos migratorios o, más recientemente, sobre la protección del Estado de Derecho en Europa. Además, «desde hace más de quince años, el profesorado del área de Derecho Administrativo de la UCO impartimos la asignatura Derecho de la Unión Europea, tanto en español como en inglés, y algunas asignaturas optativas sobre esta misma materia, como European Internal Market, con especial éxito entre el alumnado internacional», enfatiza el actual coordina del grupo de investigación, el profesor titular de Derecho Administrativo Antonio Bueno.

Una de las paradojas del Derecho Administrativo de la Unión es que «simplifica complicando. Es cierto que la normativa de la Unión resulta compleja incluso para los especialistas. Pero esta normativa única sustituye cientos, miles de normas de los 27 Estados miembros. Por ejemplo, la normativa sobre productos agrícolas o DO puede resultar complicada, pero es una y la misma para los 27 Estados. Esto implica una labor de simplificación y un avance en la seguridad jurídica como no han existido jamás en Europa. En la práctica, nuestras empresas agrícolas pueden vender sus productos en toda la Unión sabiendo que se les aplicarán las mismas reglas y que nuestras denominaciones de origen estarán protegidas por las mismas normas», resalta.

Esta unificación normativa también tiene consecuencias para la investigación jurídica. «Ahora estamos ejecutando un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, formado por un equipo internacional, en el que analizamos el Derecho Administrativo Sancionador de la Unión, es decir, las sanciones que cabe imponer a los ciudadanos por incumplir el derecho de la Unión. Los resultados serán de utilidad para las administraciones de los 27 estados miembros, lo que resulta poco frecuente. Lo habitual es que las investigaciones jurídicas solo tengan interés para el Estado del que proceden las normas objeto de estudio, pero la existencia de un Derecho de la Unión común a 27 estados lo cambia todo», concluye Antonio Bueno.