El guardia civil investigado por amañar contratos de obra en Córdoba declina declarar

El sargento de la Guardia Civil de Córdoba investigado por un presunto amaño de contratos de obras en el Instituto armado ha declinado este jueves declarar ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 6, que trata de esclarecer la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros entre los años 2020 y 2023.

En el procedimiento están siendo investigadas nueve personas en total, entre las que también se encuentra un comandante de la Guardia Civil (superior de este sargento) y empresarios. Precisamente, dos representantes de empresas también se han acogido hoy a su derecho a no testificar.

El juzgado cita como investigado a un comandante de la Guardia Civil de Córdoba en la causa de los contratos amañados

Fuentes próximas al procedimiento detallan que, de la referida cantidad de dinero, más de medio millón de euros corresponde a contratos menores (importes inferiores a 40.000 euros) y el resto, a anticipos de caja, un concepto que englobaría bienes y suministros excepcionales. De esta forma, se intenta aclarar si existieron sobrecostes y fraccionamientos de contratos, o si se abonaron servicios no realizados. 

La investigación señala que, supuestamente, entre los empresarios de la construcción se extendió la idea de que no se podía contratar con la Guardia Civil sin que el sargento procesado obtuviese un beneficio a cambio. Por ello, una de las claves del procedimiento reside también en determinar si efectivamente se dieron esos beneficios.

Hasta ahora se ha indicado que una de las posibles vías de lucro pudo ser, presuntamente, el patrocinio de empresas a la asociación ornitológica que preside el sargento. Las fuentes consultadas indican que la presunta «mafia» o trama estaría conformada por tres grupos de empresas que lograron en torno al 60% de los contratos firmados en esos años. 

El abogado que representa la acusación ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Miguel Carbajo, advierte que «queda mucho por investigar». Además, alude a la presunta falta de planificación en las obras puesta en evidencia en este procedimiento y asegura que «hay muchos guardias civiles perjudicados, que necesitan el arreglo de pabellones u oficinas, por esta forma de hacer las cosas».