El TSJ de Madrid reprocha a García Ortiz su intento "extraprocesal" de quitarle la causa por la filtración de datos del novio de Ayuso

El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid Francisco José Goyena Salgado, que tramita la querella formulada por el empresario Alberto González Amador por presunta revelación de secretos al difundirse desde la Fiscalía Superior madrileña una nota informativa que incluía datos sobre el acuerdo que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pretendía alcanzar para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda, ha calificado como "extraprocesal" la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que la causa se investigue en el Tribunal Supremo, según especifica una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción.

"En ningún caso debe ser considerado llamado el fiscal general del Estado, pues ni así ha sido acordado en el seno del presente procedimiento, ni podría hacerlo este Instructor, dada la condición de aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", dice de forma textual la resolución.

Goyena Salgado es el instructor de la causa que se dirige contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; María Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.

Asume su responsabilidad

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes un escrito ante el TSJ madrileño en el que asumía la responsabilidad última de la publicación de una nota de prensa que, según su versión, "desmentía informaciones falsas" en relación con Alberto González Amador, que está investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. Y por eso, al estar aforado, consideraba que el TSJ madrileño "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones expresas y directas”, por lo que las pesquisas sobre la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid "corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

El fiscal general respondía así al magistrado que instruye la causa sobre la difusión de un comunicado de prensa que incluía información fiscal de González Amador, que había requerido a la Fiscalía Provincial de Madrid datos sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.

Precisamente, la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, está citada este jueves en calidad de testigo para aclarar cuál fue la cadena de mando que concluyó con la distribución de una nota que no contaba con el membrete ni el formato habitual de las informaciones que llegan a la prensa desde la Fiscalía Superior madrileña.