La ley de segunda oportunidad dispara un 167% los concursos de familias en Córdoba

Los concursos de acreedores presentados por familias se incrementaron un 167% durante 2023 en Córdoba como consecuencia, fundamentalmente, de la ley de segunda oportunidad. Esta herramienta legal, en líneas generales, permite a empresas y particulares en situación de insolvencia reconducir sus deudas e incluso quedar exonerados de ellas. La estadística difundida este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial indica que el año pasado se presentaron en el juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba 326 concursos por parte de personas naturales no empresarias, casi uno cada día.

De este modo, la provincia registró 361 concursos de acreedores en total y este dato se tradujo en un aumento anual del 64%, pero solo crecieron los declarados por las familias. Los empresarios presentaron 4 procedimientos de este tipo frente a los 46 del año anterior y también se contabilizaron 31 concursos de personas jurídicas, pero estos fueron un 40% menos que en 2022.

Los juzgados de Córdoba registran cuatro demandas de despido diarias

Los desahucios bajan un 48%

La estadística del CGPJ hace referencia a la actividad desarrollada en el juzgado de lo Mercantil y en los juzgados de lo Social y de Primera Instancia, así como en el servicio común. En este sentido, también cabe reseñar las 405 ejecuciones hipotecarias ingresadas en los juzgados de Primera Instancia, que son un 22% menos que en el ejercicio precedente.

El año pasado se practicaron 210 desahucios y estos fueron un 48% menos en tasa anual. Respecto a las causas, 68 lanzamientos (un 47% menos anual) fueron motivados por el incumplimiento de compromisos adquiridos con entidades financieras y otros 126 (la mitad que el año anterior) se efectuaron en inmuebles de alquiler.

"Es bestial la cantidad de procedimientos de segunda oportunidad"

Entre otros asuntos, los juzgados recibieron, asimismo, 1.469 demandas de reclamación de cantidad e ingresaron 1.068 asuntos de cláusulas suelo. Por último, cabe reseñar los 31 procedimientos registrados por ocupación ilegal de viviendas, que representaron un descenso del 28% respecto a 2022. Con estos procesos se persigue que las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social puedan recobrar sus inmuebles cuando han sido ocupados ilegalmente.

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