La investigación sobre la revelación de secretos del novio de Ayuso apunta también a la fiscal de delitos económicos de Madrid

La declaración como testigo de la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, apuntó la posible participación de la fiscal decana de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández, en las gestiones que finalizaron con la difusión de una nota de prensa que incluía datos datos sobre el acuerdo que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretendía alcanzar para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda, según especifican fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En concreto, la jefa de los fiscales madrileños informó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se encarga de la instrucción de la causa, Francisco José Goyena Salgado, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó publicar el comunicado que, según le aseguró en un Whatsapp su jefe, había sido consensuado con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, querellada en esta causa, y con la ya mencionada decana de Delitos Económicos, Virna Alonso Fernández.

Lastra informó de este hecho, habida cuenta de que durante el interrogatorio el instructor insistió en conocer los detalles de cómo se produjo la cadena de órdenes recibidas. Sin embargo, Lastra eludió entrar en más detalles, pues se remitió en varias ocasiones al artículo 25 del Estatuto Fiscal, que es el que señala que el fiscal general del Estado puede "impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".

Citación para declarar

Las fuentes jurídicas consultadas explican que el hecho de que Lastra declarara que García Ortiz le había asegurado que Virna Alonso Fernández estaba al tanto del contenido de la nota de prensa, no obliga al juez Goyena a interrogarla al respecto. Sin embargo, sí consideran que si el instructor decide finalmente llamarla a declarar, la citación podría ser en calidad de investigada. De esta forma, se evitaría la posibilidad de que, como testigo y con la obligación de decir la verdad, pudiera llegar a incriminarse de un delito de revelación de secretos de funcionario público.

De hecho, la otra persona que según la testigo Lastra estaba al tanto del contenido de la nota de prensa con contenido fiscal de Alberto González Amador es la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; María Pilar Rodríguez Fernández, que está investigada en la causa a raíz de la querella del novio de Ayuso. También fue objeto de la mencionada querella el fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres.

Hasta el momento, el instructor no ha llamado de declarar como investigados a los querellados, a quienes González Amador acusa de atacarle "como instrumento para alcanzar al perjudicado último de la lesión del bien jurídico, su pareja sentimental", en clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Informaciones falsas"

Sin embargo, el fiscal general del Estado presentó la semana pasada un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asumía la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que, según su versión, "desmentía informaciones falsas" en relación con González Amador, que está ciatado a declarar como investigado el próximo lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental.

Según el criterio de García Ortiz, el TSJ madrileño "carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones expresas y directas”, por lo que los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid "corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

En sentido contrario, el magistrado Goyena calificó como "extraprocesal" el intento de García Ortiz de que la causa se investigue en el Alto Tribunal: "En ningún caso debe ser considerado llamado el fiscal general del Estado, pues ni así ha sido acordado en el seno del presente procedimiento, ni podría hacerlo este Instructor, dada la condición de aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", decía el juez en una providencia, en la que daba diez días a las partes personadas para que opinaran sobre la pretensión del fiscal general del Estado.